16-03-2019, 18:06
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein. Este es el nombre de la eurodiputada polaca nombrada por el Comité del Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo para apretar el acelerador y conseguir que los vehículos a la venta en la UE, estén dotados lo antes posible de más medidas de seguridad. Ya había salido alguna noticia a este respecto, pero parece que se quiere liquidar pronto.
Así que lo antes posible, todos los vehículos nuevos que circulen en carreteras europeas deberán estar equipados con la última generación de dispositivos de seguridad, como control de crucero adaptativo en función de la señalización, señal de parada de emergencia, permitir la instalación fácil de un medidor de un alcoholock, control de la atención del conductor y somnolencia, advertencia del cambio de carril, frenada autónoma... entre otros que forman parte de una lista larga de elementos que tendrán que tener en cuenta los fabricantes.
El objetivo es que todos los coches sean igualmente seguros, sin que el precio pueda suponer una barrera entre quienes pueden permitirse coches con estos equipamientos y los que no.
No se trata de todas formas de plantear una conducción autónoma, aún no se está en este punto. El conductor tendrá siempre la decisión sobre sus actos, pero contará con elementos que le puedan advertir de los peligros, límites de circulación y otras informaciones, además de evitar que ante fallos o despistes el accidente sea inevitable.
Y aparece aquí la propuesta de que los coches equipen registro de datos, una especie de caja negra. Esto estaba pensado para vehículos comerciales, pero ahora se quiere extender al resto. Ante la duda de si esto no es intrusivo y vulnera ciertos derechos de los conductores, se está trabajando en hacer que el sistema funcione en circuito cerrado, reescribiendo la información para que solo quede la relevante en los momentos antes del accidente, así como evitar recoger datos personales del conductor o vehículo, solo interesarían los datos en bruto para su análisis y la mejora de la seguridad.
También se exigirá a los fabricantes que trabajen para que los equipos sean aceptados por los conductores, sean sencillos de manejar y que se informe de forma clara y completa sobre su funcionamiento para que se les pueda sacar partido.
El coste estimado aplicando las ventajas de las economías de escala, estaría por debajo de los 100 € por vehículo y el tiempo de aplicación con el que se trabaja, ronda los 3 años.
Así que lo antes posible, todos los vehículos nuevos que circulen en carreteras europeas deberán estar equipados con la última generación de dispositivos de seguridad, como control de crucero adaptativo en función de la señalización, señal de parada de emergencia, permitir la instalación fácil de un medidor de un alcoholock, control de la atención del conductor y somnolencia, advertencia del cambio de carril, frenada autónoma... entre otros que forman parte de una lista larga de elementos que tendrán que tener en cuenta los fabricantes.
El objetivo es que todos los coches sean igualmente seguros, sin que el precio pueda suponer una barrera entre quienes pueden permitirse coches con estos equipamientos y los que no.
No se trata de todas formas de plantear una conducción autónoma, aún no se está en este punto. El conductor tendrá siempre la decisión sobre sus actos, pero contará con elementos que le puedan advertir de los peligros, límites de circulación y otras informaciones, además de evitar que ante fallos o despistes el accidente sea inevitable.
Y aparece aquí la propuesta de que los coches equipen registro de datos, una especie de caja negra. Esto estaba pensado para vehículos comerciales, pero ahora se quiere extender al resto. Ante la duda de si esto no es intrusivo y vulnera ciertos derechos de los conductores, se está trabajando en hacer que el sistema funcione en circuito cerrado, reescribiendo la información para que solo quede la relevante en los momentos antes del accidente, así como evitar recoger datos personales del conductor o vehículo, solo interesarían los datos en bruto para su análisis y la mejora de la seguridad.
También se exigirá a los fabricantes que trabajen para que los equipos sean aceptados por los conductores, sean sencillos de manejar y que se informe de forma clara y completa sobre su funcionamiento para que se les pueda sacar partido.
El coste estimado aplicando las ventajas de las economías de escala, estaría por debajo de los 100 € por vehículo y el tiempo de aplicación con el que se trabaja, ronda los 3 años.
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