12-01-2018, 16:18
La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para Juana Rivas por sustraer a sus dos hijos
Juana Rivas cuando fue citada otra vez como investigada por sustraccion ilegal de menores y por desacato.
El caso Juana Rivas: verdades y mentiras
Cuando Juana y Francesco eran felices
Juana Rivas dice por carta que está huida, pero cree no hacer "nada fuera de la ley"
La juez da un ultimátum a Juana Rivas para que entregue a sus hijos
RAMÓN RAMOS | Granada
12/01/2018 13:51
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La Fiscalía Provincial de Granada reclama una pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por la retención de sus hijos el pasado verano, cuando se mantuvo desaparecida casi un mes e impidió la entrega de los dos menores al padre, el italiano Francesco Arcuri, a lo que estaba obligada por sentencia judicial.
Para la Fiscalía, Juana Rivas actuó "con ilícito ánimo de incumplir" las resoluciones judiciales que dictaron la entrega de los menores a su padre "cuando permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos". El escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que instruye el caso, acusa a Juana Rivas por dos delitos de sustracción menores que suponen una pena de dos años y medio de prisión por cada uno de ellos, lo que significaría una condena a cinco años de cárcel. La Fiscalía añade una petición de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, además del pago de las costas.
El caso Juana Rivas, la madre de Maracena que no se presentó al punto de encuentro dictaminado por el Juzgado para entregar a sus dos hijos al padre el pasado 24 de julio, entra así en la senda definitiva de resolución en el ámbito judicial español, donde la causa ahora se limita a la sustracción de los menores. Los hijos fueron entregados por Rivas, ya el 28 de agosto al padre, con el que se trasladaron a Carloforte, municipio italiano donde residen desde entonces y en cuyos juzgados se dirime ahora el litigio de la madre de Maracena y su ex pareja en cuanto a la custodia de los menores y el régimen de visitas.
En el escrito de acusación la Fiscalía relata las sucesivas instancias judiciales que dictaminaron la entrega de los menores, a lo que Rivas se opuso alegando los antecedentes por violencia de género que pesan sobre Arcuri, condenado por agresión a Juana en mayo de 2009. Arcuri, que en principio también había presentado denuncia contra Rivas, enmarca la condena en un acuerdo de conformidad para asegurarse las visitas posteriores a sus hijos.
Así, la primera resolución de restitución de los menores fue dictada el 14 de diciembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada a demanda de la Abogacía del Estado por sustracción internacional del menor. Posteriormente, el 21 de abril 2017 la Sección Quinta de la Audiencia Provincial y el 11 de julio por el Juzgado de Primera Instancia 3 reiteraron en una providencia la entrega de los hijos el 24 de julio y, finalmente el 9 de agosto, cuando Juana Rivas no había comparecido y se mantenía en paradero desconocido con los menores, se volvió a pronunciar en el mismo sentido de restitución de los menores la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada. Finalmente, el 28 de agosto de 2017 fueron entregados los menores en dependencias de la Guardia Civil.
De forma consciente
Según la Fiscalía, Juana Rivas actuó de forma "consciente" en contra las resoluciones judiciales que sucesivamente la obligaban a restituir a los menores a su padre, mientras sus representantes y asesores legales planteaban a la desesperada recursos ante los juzgados que trataban de paralizar la entrega. En esa estrategia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada reiteró la falta de jurisdicción de la Justicia española para analizar hechos sucedidos en Italia y, en consecuencia, rechazó la reapertura de diligencias, lo que cerraba la puerta a a segunda denuncia de Juana Rivas contra su ex pareja por presuntos malos tratos que se habrían producido en la isla de Carloforte, donde residían con sus dos hijos.
La segunda denuncia fue presentada cuando Juana había regresado con sus hijos a España para pasar unas vacaciones y, pasado el tiempo fijado, se negó a regresar, momento en que denunció ante la Guardia Civil las agresiones. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, ante el que ratificó la denuncia había informado a Juana Rivas, ya el 20 de julio de 2016, de la falta de jurisdicción en España para investigar los hechos que, ocho días antes, había interpuesto ante la Guardia Civil. En su auto se señalaba la conveniencia de poner la denuncia en el lugar de residencia del presunto autor de los hechos y, aunque el escrito judicial indicaba que contra esa resolución cabía recurso de reforma, ni la Fiscalía ni los abogados de Juana lo plantearon.
La negativa de Juana a entregar a los hijos motivó una denuncia por sustracción internacional de menores que Arcuri interpuso contra ella. Para la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer, en el caso no se dan las situaciones previstas en la ley que regula la competencia internacional de los jueces y tribunales españoles respecto de hechos cometidos fuera del territorio español. A las pretensiones de Rivas se opusieron tanto la defensa de Arcuri como la Fiscalía.
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RAMÓN RAMOS | Granada
12/01/2018 13:51
La Fiscalía Provincial de Granada reclama una pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por la retención de sus hijos el pasado verano, cuando se mantuvo desaparecida casi un mes e impidió la entrega de los dos menores al padre, el italiano Francesco Arcuri, a lo que estaba obligada por sentencia judicial.
Para la Fiscalía, Juana Rivas actuó "con ilícito ánimo de incumplir" las resoluciones judiciales que dictaron la entrega de los menores a su padre "cuando permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos". El escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que instruye el caso, acusa a Juana Rivas por dos delitos de sustracción menores que suponen una pena de dos años y medio de prisión por cada uno de ellos, lo que significaría una condena a cinco años de cárcel. La Fiscalía añade una petición de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, además del pago de las costas.
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En el escrito de acusación la Fiscalía relata las sucesivas instancias judiciales que dictaminaron la entrega de los menores, a lo que Rivas se opuso alegando los antecedentes por violencia de género que pesan sobre Arcuri, condenado por agresión a Juana en mayo de 2009. Arcuri, que en principio también había presentado denuncia contra Rivas, enmarca la condena en un acuerdo de conformidad para asegurarse las visitas posteriores a sus hijos.
Así, la primera resolución de restitución de los menores fue dictada el 14 de diciembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada a demanda de la Abogacía del Estado por sustracción internacional del menor. Posteriormente, el 21 de abril 2017 la Sección Quinta de la Audiencia Provincial y el 11 de julio por el Juzgado de Primera Instancia 3 reiteraron en una providencia la entrega de los hijos el 24 de julio y, finalmente el 9 de agosto, cuando Juana Rivas no había comparecido y se mantenía en paradero desconocido con los menores, se volvió a pronunciar en el mismo sentido de restitución de los menores la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada. Finalmente, el 28 de agosto de 2017 fueron entregados los menores en dependencias de la Guardia Civil.
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